Francisco Bordones Morales -  Abogado y Criminólogo

La constante percepción de precariedad en el sistema judicial y su aparente ineficacia en nuestro país generan profundas dudas e interrogantes. Con frecuencia se cuestiona el imperio de la ley, hasta el punto de hablarse de un Estado fallido donde las normas parecen haber perdido su fuerza y ​​el respeto de quienes las infringen sin temor alguno. Esta desconfianza no solo proviene de la acción de delincuentes comunes, sino también de aquellos que, conociendo la ley, utilizan su conocimiento para evadir su aplicación.

Tradicionalmente se ha creído que los únicos transgresores son los delincuentes visibles, aquellos cuya actividad es ampliamente difundida por los medios. Sin embargo, nos cuestionamos sobre ¿qué sucede con aquellos infractores que operan desde la opacidad, evadiendo la justicia y manteniéndose en prácticas corruptas mientras aparentan integridad y honorabilidad? 

Las preguntas esenciales persisten: ¿Por qué falla la justicia? ¿Cuáles son las causas de sus deficiencias? ¿Cómo lograr que sea verdaderamente efectiva e igualitaria para todos los ciudadanos? ¿Existe una corrupción estructural en el sistema? Estos interrogantes, lejos de haber sido resultados, permanecen abiertos en el debate público.

Con frecuencia, la respuesta institucional a esta crisis de confianza consiste en modificar o crear nuevas leyes. Si bien esta es una facultad constitucional del poder legislativo, tales cambios no siempre abordan las raíces del problema ni responden a las demandas ciudadanas de una justicia eficaz y predecible.

La solución, sin embargo, podría ser más clara y directa: la justicia no es culpable por sí misma, sino que su debilidad deriva de la falta de exigencia en su aplicación por parte de quienes la administran. El problema fundamental radica en la aplicación inconsistente y no rigurosa de la ley, independientemente de la condición de quien la infringe. Cuando quienes están llamados a hacer cumplir las normas no lo hacen con integridad, o cuando lo hacen de manera selectiva, se vulnera el principio de igualdad ante la ley, se debilitan los mecanismos institucionales y se desvirtúa la misión esencial del sistema.

El núcleo del problema no reside en la justicia como institución, sino en quienes ejercen el poder de aplicarla. La creación constante de nuevas normas resulta innecesaria, excepto cuando se requiere adaptar el ordenamiento a delitos emergentes o evoluciones sociales. Las penas, por sí solas, no intimidan a los infractores ni previenen los delitos; su efectividad depende de la certeza de su aplicación, no de su gravedad.

En última instancia, la crisis judicial en Panamá refleja una falla más amplia: la falta de educación cívica eficaz, la ausencia de una cultura de legalidad y la debilidad en la transmisión de valores desde la familia, las instituciones educativas y el Estado. No es la justicia la responsable total del aumento de la criminalidad, sino el comportamiento irrespetuoso de quienes infringen las normas y la percepción de impunidad que se genera cuando la aplicación de la ley es inconsistente.

Lamentablemente, en la práctica a veces parece que los derechos de los infractores prevalecen sobre los de las víctimas, lo que no significa que el Estado haya fracasado por completo, sino que se ha distanciado de hacer efectivas las leyes existentes. La falta de investigación seria, la escasa pedagogía jurídica y la incapacidad para transmitir el valor de la justicia socavan cualquier intento de transformación.

En conclusión, la justicia no está "enferma" en sí misma, sino que ha sido afectada por administradores ineficaces y por la erosión del respeto social hacia las normas, consecuencia directa de la debilidad con que estas se aplican. La recuperación de su legitimidad exige no más leyes, sino más integridad, más consistencia y sobre todo, más voluntad política e institucional para hacer cumplir, sin excepciones.